Rodeo
Colorado, Salta, 23 de noviembre de 2014.
ORGANIZACIÓN
QULLAMARKA “Coordinadora de Comunidades y Organizaciones Kollas de la Provincia
de Salta”
PARTE
DE PRENSA
APOYO
AL PUEBLO WICHI y a ORGANIZACIONES CAMPESINAS de MORILLO
En la
comunidad de Rodeo Colorado, en el marco del XXXV Qullamarka Tinkunakuy,
reunidos en asamblea los días 22 y 23 de noviembre del año 2014, las
organizaciones y comunidades hemos sido visitados e informados por los hermanos
wichís de la localidad de General
Ballivián sobre la situación
urgente en la que se encuentran: el avasallamiento de sus territorios por parte
de empresas privadas, que destruyen el monte, y por lo tanto su medio y su modo
de vida, avasallamiento que además se facilita por la falta de títulos
comunitarios, que aunque les corresponda por ley, es denegada por los gobiernos
municipales y provinciales. Esta situación está expresando de distinta manera:
·
En
las comunidades Quebrachal I, Tres Lapachos, El Mistol, Guayacán y Quebrachal
II, habitadas por más de cuatrocientos hermanos wichís: se realizó, en el año
2008 una donación de 93 hectáreas a miembros particulares del Quebrachal (a
nombre de Lorenzo Sacarías como representante genérico) que además de ser
insuficiente, es inconstitucional. Además, el Municipio se ha apropiado de
parte de esas 93 has con la construcción de un Camping Municipal al cual no
tienen acceso los miembros de las comunidades.
·
En
las comunidades Pastor Senillosa y Tierra Indígena: la empresa Sierras de San
Antonio está reclamando la propiedad de los territorios de estas comunidades,
las que aun no han sido reconocidas como preexistentes por parte del Estado y
por lo tanto no cuentan con títulos de tierras.
·
La
privatización del sitio “El Cincuenta”, lugar histórico donde habitaron
nuestros ancestros, el cual forma parte de nuestra cultura e identidad. Esto
responde al avance de la frontera agrícola para monocultivos intensivos de soja
y maíz transgénicos, que está destruyendo la soberanía alimentaria de los
Pueblos. Además, no se les permite entrar a los miembros de las comunidades a
los cementerios de sus antiguos, que también fueron privatizados.
·
El
desmonte por parte de empresas privadas en las comunidades monte adentro:
Laguna Cuchuy, San José de Cuchuy, El Chorrito, Corralito, El Chaguaral,
Pescadito, Laguna Guamache, Traslado, el Escrito, Zopota. Esta destrucción del
monte implica la destrucción de sus recursos naturales y de su vida misma.
Algunas de estas comunidades se encuentran actualmente con orden de desalojo.
· Estas situaciones se derivan de la
usurpación, falta de titulación y constantes amenazas a las comunidades, que
además se ven multiplicadas en otros territorios como es el caso de la represión en
Morillo y el caso del desalojo de las comunidades de Tartagal en el presente
mes.
En el
primer caso, las organizaciones campesinas han denunciado el abuso de autoridad
y el accionar parcial e intimidatorio de la Jueza de Tartagal (Ana Maria De
Feudis) en beneficio de los empresarios como es en este caso de la empresa
DOBLE Z S.R.L y su socio gerente el Sr. Javier Alberto Vidizzoni, al avanzar
sobre comunidades a través del accionar y represión policial, lastimando a los
hombres y mujeres que se oponían a este acto ilegal.
El segundo
caso es el desalojo que sufrieron las comunidades Quebracho, Quebrada de
Tartagal, y Sarmiento, dictado por el juez Fernando Mariscal. Este desalojo fue
realizado a través de agresiones, golpes, abuso policial, discriminación y
despojo, a lo cual han respondido las más de 18 comunidades afectadas cortando
la ruta 86 como medida de lucha. Actualmente, la policía se retiró del predio y
los miembros de las comunidades reingresaron a su territorio, pero sin cambios
en la situación legal y por lo tanto sin garantías de que esto vuelva a
ocurrir. Por su parte la municipalidad de Tartagal no se ha responsabilizado
por la situación.
A partir
del conocimiento tomado en asamblea sobre estas situaciones, REPUDIAMOS el accionar e in-accionar
de las autoridades municipales, provinciales y nacionales que actúan a favor de
empresas y particulares, avasallando el marco jurídico que nos respalda como
Pueblos Originarios y
dando lugar a la siembra de soja transgénica y uso de agroquímicos, con los
terribles efectos que genera. Se favorece la expansión de un modelo económico
que beneficia a unos pocos a costa de la vida de las comunidades para cuyas
necesidades nunca hubo respuesta ni voluntad política: agua potable, escuelas,
atención médica, caminos transitables.
Al mismo
tiempo, EXIGIMOS a las autoridades provinciales y nacionales la urgente
intervención y realización del relevamiento comunitario de la Ley 26.160,
priorizando las comunidades del monte ya que son las que se encuentran más
expuestas a este avance. Entendemos que de esta manera se podrá avanzar en la
ampliación del reconocimiento del territorio ancestral wichí y el otorgamiento
de títulos comunitarios.
Jallalla
Pueblos Originarios!
Contactos: qullamarkatinkunakuy@gmail.com
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