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BLOG SOBRE TEMAS DE AGRICULTURA FAMILIAR EN SALTA
Noticias, informaciones, acciones relacionadas a los campesinos, indígenas y agricultores familiares de Salta

Qullamarka expresa su apoyo a comunidades indígenas de la Ruta 86 y a Organizaciones campesinas de Morillo



Rodeo Colorado, Salta, 23 de noviembre de 2014.

ORGANIZACIÓN QULLAMARKA “Coordinadora de Comunidades y Organizaciones Kollas de la Provincia de Salta”

PARTE DE PRENSA

APOYO AL PUEBLO WICHI y a ORGANIZACIONES CAMPESINAS de MORILLO

En la comunidad de Rodeo Colorado, en el marco del XXXV Qullamarka Tinkunakuy, reunidos en asamblea los días 22 y 23 de noviembre del año 2014, las organizaciones y comunidades hemos sido visitados e informados por los hermanos wichís de la localidad de General Ballivián sobre la situación urgente en la que se encuentran: el avasallamiento de sus territorios por parte de empresas privadas, que destruyen el monte, y por lo tanto su medio y su modo de vida, avasallamiento que además se facilita por la falta de títulos comunitarios, que aunque les corresponda por ley, es denegada por los gobiernos municipales y provinciales. Esta situación está expresando de distinta manera:
·       En las comunidades Quebrachal I, Tres Lapachos, El Mistol, Guayacán y Quebrachal II, habitadas por más de cuatrocientos hermanos wichís: se realizó, en el año 2008 una donación de 93 hectáreas a miembros particulares del Quebrachal (a nombre de Lorenzo Sacarías como representante genérico) que además de ser insuficiente, es inconstitucional. Además, el Municipio se ha apropiado de parte de esas 93 has con la construcción de un Camping Municipal al cual no tienen acceso los miembros de las comunidades.
·       En las comunidades Pastor Senillosa y Tierra Indígena: la empresa Sierras de San Antonio está reclamando la propiedad de los territorios de estas comunidades, las que aun no han sido reconocidas como preexistentes por parte del Estado y por lo tanto no cuentan con títulos de tierras.
·       La privatización del sitio “El Cincuenta”, lugar histórico donde habitaron nuestros ancestros, el cual forma parte de nuestra cultura e identidad. Esto responde al avance de la frontera agrícola para monocultivos intensivos de soja y maíz transgénicos, que está destruyendo la soberanía alimentaria de los Pueblos. Además, no se les permite entrar a los miembros de las comunidades a los cementerios de sus antiguos, que también fueron privatizados.
·       El desmonte por parte de empresas privadas en las comunidades monte adentro: Laguna Cuchuy, San José de Cuchuy, El Chorrito, Corralito, El Chaguaral, Pescadito, Laguna Guamache, Traslado, el Escrito, Zopota. Esta destrucción del monte implica la destrucción de sus recursos naturales y de su vida misma. Algunas de estas comunidades se encuentran actualmente con orden de desalojo.
·       Estas situaciones se derivan de la usurpación, falta de titulación y constantes amenazas a las comunidades, que además se ven multiplicadas en otros territorios como es el caso de la represión en Morillo y el caso del desalojo de las comunidades de Tartagal en el presente mes.

En el primer caso, las organizaciones campesinas han denunciado el abuso de autoridad y el accionar parcial e intimidatorio de la Jueza de Tartagal (Ana Maria De Feudis) en beneficio de los empresarios como es en este caso de la empresa DOBLE Z S.R.L y su socio gerente el Sr. Javier Alberto Vidizzoni, al avanzar sobre comunidades a través del accionar y represión policial, lastimando a los hombres y mujeres que se oponían a este acto ilegal.
El segundo caso es el desalojo que sufrieron las comunidades Quebracho, Quebrada de Tartagal, y Sarmiento, dictado por el juez Fernando Mariscal. Este desalojo fue realizado a través de agresiones, golpes, abuso policial, discriminación y despojo, a lo cual han respondido las más de 18 comunidades afectadas cortando la ruta 86 como medida de lucha. Actualmente, la policía se retiró del predio y los miembros de las comunidades reingresaron a su territorio, pero sin cambios en la situación legal y por lo tanto sin garantías de que esto vuelva a ocurrir. Por su parte la municipalidad de Tartagal no se ha responsabilizado por la situación.
A partir del conocimiento tomado en asamblea sobre estas situaciones, REPUDIAMOS el accionar e in-accionar de las autoridades municipales, provinciales y nacionales que actúan a favor de empresas y particulares, avasallando el marco jurídico que nos respalda como Pueblos Originarios y dando lugar a la siembra de soja transgénica y uso de agroquímicos, con los terribles efectos que genera. Se favorece la expansión de un modelo económico que beneficia a unos pocos a costa de la vida de las comunidades para cuyas necesidades nunca hubo respuesta ni voluntad política: agua potable, escuelas, atención médica, caminos transitables.
Al mismo tiempo, EXIGIMOS a las autoridades provinciales y nacionales la urgente intervención y realización del relevamiento comunitario de la Ley 26.160, priorizando las comunidades del monte ya que son las que se encuentran más expuestas a este avance. Entendemos que de esta manera se podrá avanzar en la ampliación del reconocimiento del territorio ancestral wichí y el otorgamiento de títulos comunitarios.

Jallalla Pueblos Originarios!

Contactos: qullamarkatinkunakuy@gmail.com

Represión y abuso policial a familias campesinas del chaco salteño


Transcribimos parte de prensa de la Coordinadora Zonal de Tierra de la Ruta Nacional Nº 81, recibido hoy 21/11/2014


Las organizaciones campesinas que conformamos la Coordinadora Zonal de Tierra de la Ruta Nacional 81 (Asociación Civil del Bermejo, Defendiendo lo Nuestro, Asociación de Pequeños Productores del Chaco Salteño, Unión y Progreso, Herencia Chaqueña, Alma Gaucha, Campesinos Unidos, Comisión Zonal de Los Blancos) DENUNCIAMOS el abuso de autoridad y el accionar parcial e intimidatorio de la Jueza de Tartagal Ana María De Feudis apoyada en la policía de Salta. Esta jueza siempre actúa en sus fallos y acciones en beneficio de los empresarios como es en este caso de la empresa DOBLE Z  S.R.L  y su socio gerente el Sr. Javier Alberto Vidizzoni, descartando siempre cualquier denuncia o presentación que realizan las familias campesinas para defender sus derechos.
En el día de ayer un grupo de policías conformados por agentes de Morillo, Dragones y Embarcación, invocando una orden judicial de la jueza que ordenaba el levantamiento de un alambrado en la tierra que posee la Familia Orquera del paraje El Chañar, irrumpieron en la tierra que posee la Familia de la Sra.Victoria Cruz, una anciana de 70 años que no ha firmado ningún acuerdo con la empresa ni autorizó el paso por sus tierras; En la orden de la Jueza en ningún momento se refería a pasar por la tierra de la Familia Cruz; La policía custodiando las topadoras del empresario Vidizzoni, entró en la posesión de la Sra. Victoria Cruz para realizar un rodeo y llegar hasta las tierra de la Familia Orquera y así cumplir con el derribo del alambrado para  un deslinde que necesita la empresa.
Ante esta maniobra, el grupo de familias que estaba acompañando a la Familia Orquera procedió a trasladarse al predio de la Sra. Cruz y evitar que las máquinas destruyeran corrales, cercos de ramas, potreros propiedad de la Familia Cruz, en su intento de pasar hacia el lugar donde tenían que derribar el alambrado de Orquera. Ante esta situación, el grupo de campesinos detuvo las máquinas y sin mediar un diálogo, se desató la represión policial, provocando lesiones y heridas en hombres y mujeres que trataban de impedir que se llevara a cabo un acto ilegal porque en ningún momento fue presentado por las autoridades alguna notificación u orden que los autorizara a pasar por la tierra que posee la Familia Cruz.
El ensañamiento de la policía contra nuestros hermanos campesinos, no fue sólo repartir palos y culatazos a toda persona que se les pusiera enfrente si no también tratar de denigrarlos al esposarlos como si fuesen delincuentes comunes.
Este hecho de acción coordinada entre jueces, policías y empresarios es algo corriente en nuestra zona. Recordemos cuando en 2011 un Oficial de justicia en una causa con la misma Jueza Ana María de Feudis, entró ilegalmente en el predio de la familia de Alfredo Riera con un grupo de encapuchados que prendieron fuego y destruyeron las instalaciones. Esto fue denunciado en la superintendencia de la corte con las debidas pruebas de imágenes y testimonios y eso nunca prosperó rechazándose siquiera investigar el accionar de ese oficial de justicia.
Nos llama mucho la atención que ante nuestras denuncias sobre abusos, deforestación, entrada ilegal de máquinas en posesiones campesinas y robo de madera, las autoridades policiales no se movilizan para constatarlas, argumentando falta de medios de movilidad y combustible, mientras que en estos casos no les faltan los recursos para llegar a lejanos parajes incluso con apoyo de policías de localidades de hasta 150 km de distancia para apoyar los desalojos prohibidos por las ley 7658 y reprimir a los campesinos que intentan detener estos atropellos.
Debemos dejar muy en claro que la documentación de titularidad que supuestamente esgrime ante la justicia el empresario Javier Alberto Vidizzoni no consta en ningún registro de la propiedad inmueble de Salta. Por lo tanto, las organizaciones campesinas seguiremos desconociendo cualquier titular de las tierras de la Colonia La Juanita y La Santafesina hasta que no se presente documentación probatoria. Recién allí, podremos iniciar diálogos para el reconocimiento de los derechos adquiridos por los cientos de familias poseedoras de las tierras de estos predios. Tampoco vamos a dialogar con titulares que se acerquen por medio de la prepotencia, amenazas, violencia y la ilegalidad. Nuestros antecedentes de acuerdos entre casi 40 familias que alcanzaron la propiedad de más de 19.000 hectáreas nos respaldan para demostrar el ánimo de diálogo.
Para finalizar, UNA VEZ MÁS, solicitamos la intervención en este conflicto de tierras de legisladores y funcionarios del gobierno de Salta, de lo contrario los hacemos directamente responsables de una ruptura violenta de la paz social en el Chaco Salteño.
Coronel Juan Solá – Morillo, 21 de noviembre de 2014

CONTACTOS:
LUCÍA RUÍZ: 03878 15610839 (DELEGADA ZONAL DE FORO DE AGRICULTURA FAMILIAR – FOPAF)
ALFREDO RIERA: 03878 15446949 (PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL CHACO SALTEÑO)
ARIEL MOLINA: 03878 15559080 (ORGANIZACIÓN CAMPESINA “LOS DEL BERMEJO”)

Situación crítica en la ruta 86, Tartagal, por desalojo de comunidades indígenas

Transcribimos a continuación el parte de prensa recibido por parte de representantes de las comunidades indígenas desalojadas la semana pasada en el municipio de Tartagal:
 



Parte de Prensa
Los abajo firmantes mujeres, caciques, dirigentes y miembros de comunidades originarias, expresan su repudio al desalojo sufrido por tres comunidades: Quebracho,  Quebrada de Tartagal, y Sarmiento, dictado por el juez Fernando Mariscal.
En esta acción se ha golpeado y agredido a mujeres, niños y ancianos, llevándose la policía todas las pertenencias de la comunidad, las casas precarias, ropa, utensillos de cocina y hasta documentos, tarjetas y animales domésticos.
Además en la comunidad Quebracho había una anciana con una enfermedad terminal y en pésimo estado de salud. Sin tener en cuenta esta situación la policía saco su casa delante de la señora, que no pasó uno de los peores momentos, pidiendo que no desalojen a su gente.
De esta manera toda la gente fue desalojada y quedó solo en el lugar la anciana en su cama, bajo un árbol en un predio tomado por 70 policías. Así estuvo con el calor del viernes y la fuerte tormenta de esa noche…. A la intemperie.
La policía solo permitió que tres señoras estén con la anciana impidiendo al resto de los familiares acercarse.
El sábado a la madrugada volvió la policía y se llevó los colchones de las señoras que la acompañaban y una ambulancia que venía con ellos se llevó a la anciana en contra de su voluntad y la de su familia, que por cultura tienen cerca a los ancianos en situaciones terminales.
Por todos estos hechos de violencia, atropello, discriminación y despojo que sufrimos una vez más los pueblos originarios, hemos iniciado una medida de lucha, cortando la ruta 86, más de 18 comunidades.
En este sentido queremos expresar a la población, que únicamente levantaremos la medida, cuando tengamos la seguridad por intermedio de decisiones del gobierno provincial y nacional de que se regularizarán en forma inmediata la situación de tierras de las 18 comunidades involucradas, en esta lucha, además de la restitución inmediata de las tierras de las tres comunidades desalojadas. Por otra parte se pide la solución urgente para todas las comunidades que hoy continúan sin tener  provisión de agua potable
Además queremos aclarar que todas las comunidades expresamos nuestro repudio a la siembra de soja y el uso de agroquímicos que enferman nuestras comunidades, como así también a los desmontes que nos quitan nuestros Recursos Naturales.

Links de interés:

http://www.cuartopodersalta.com.ar/fuera-de-sus-tierras/

Intimación a dirigente campesina


Un empresario que representa a la firma DOBLE Z S.R.L. envió a la dirigente campesina del Foro Provincial de Agricultura Familiar, Sra. Lucía Ruiz, y a la radio campesina FM Encuentro, una intimación vía carta documento sobre las declaraciones difundidas en la radio acerca de las dudas que se tiene sobre la supuesta propiedad registral a nombre de dicha empresa de las tierras de los parajes La Juanita y La Santafesina de la zona de Cnel. Juan Solá (Morillo) en el departamento Rivadavia.

A continuación figuran los links de noticias de Nuevo Diario de Salta al respecto y el comunicado de las organizaciones campesinas locales nucleadas en la Coordinadora Zonal de Tierra de la Ruta 81:


Transcribimos a continuación la carta enviada por la Asociación de Pequeños Productores del Chaco Salteño el día 11/11/14:


REPUDIAMOS LOS INTENTOS DE INTIMIDACION DE DIRIGENTE CAMPESINA Y DE CENSURA A UNA RADIO COMUNITARIA

Las 8 organizaciones campesinas que conformamos la Coordinadora Zonal de Tierra de la Ruta Nacional 81 (Asociación Civil del Bermejo, Defendiendo lo Nuestro, Asociación de Pequeños Productores del Chaco Salteño, Unión y Progreso, Herencia Chaqueña, Alma Gaucha, Campesinos Unidos, Comisión Zonal de Los Blancos) queremos expresar nuestro total rechazo y repudio al accionar del empresario Sr. Javier Alberto Vidizzoni socio gerente de la empresa DOBLE Z S.R.L. que continua con su prepotencia y sus amenazas a la que nos tiene acostumbrado a las familias campesinas de la zona durante los últimos años.
Este señor mediante el uso de cartas documentos que ha enviado en forma de intimación a la compañera Lucía Ruiz, dirigente de nuestra organización y delegada zonal en el Foro Provincial de Agricultura Familiar FOPAF, como así también ha enviado otra carta documento a la sede de nuestra radio campesina FM Encuentro para que tanto nuestra compañera como los responsables de la radio comunitaria se rectifiquen de las notas publicadas por el periódico Nuevo Diario de Salta Capital, en donde salieron dos publicaciones en la edición impresa los días 15 y 17 de Octubre pasado, que hacían referencia a la situación de conflicto social por el tema tierra y los intentos de desmontes que estaban viviendo familias campesinas de los parajes La Juanita y La Santafesina al norte de la localidad de Coronel Juan Sola (Morillo) con la empresa DOBLE Z S.R.L. que representa el Sr. Vidizzoni, noticia que fue levantada por un programa de nuestra radio.
 Estos actos de intimidación, prepotencia y la falta de respeto por nuestros derechos, se han hecho moneda corriente por parte de los empresarios, y en especial de la empresa Doble Z SRL y del Señor Javier Alberto Vidizzoni, ya lo ha demostrado en años anteriores, que no le importa nuestros derechos y las leyes vigentes, como pasó en diciembre de 2010 cuando este empresario denunció penalmente y luego el juez de Instrucción Formal de 1ª Nominación de Tartagal ordenó la captura de dirigentes campesinos de la zona de Morillo, esta persecución legal también le tocó sufrirla nuestra compañera Lucía Ruiz que fue uno de los dirigentes que se le pidió la captura. Cuál fue el delito que cometió nuestra compañera Lucía Ruiz en ese año, es tratar de hacer cumplir la ley vigente y por eso frenaron junto a un grupo de familias del lugar las topadoras de la empresa Doble Z SRL que querían realizar desmontes en la zona (paraje La Juanita y la Santafesina) sin tener ningún tipo de documentación ni permiso de medio ambiente, y estando vigente la cautelar de la Corte Suprema de la Nación que prohibían los desmontes en nuestro departamento.
Cuál es el supuesto delito que cometió hoy nuestra compañera Lucía Ruiz por lo cual es víctima de un apriete legal mediante una carta documento que envía el Sr. Javier Alberto Vidizzoni y la empresa Doble Z SRL. Este supuesto delito es decir la verdad y expresar lo que muchas familias campesinas pensamos que hay más dudas que certezas sobre las tierras que el Sr. Vidizzoni y la empresa Doble Z dicen ser los titulares registrales ya que no hemos vistos documentación legal ninguna de inmueble de la provincia que corrobore sus pretensiones.
Esta situación de amenazas e intimidación se ve agravada si recordamos los acuerdos de tierra firmados hace un par de años por parte de algunas familias campesinas de la zona con la empresa Doble Z SRL y el Sr. Vidizzoni y homologados por la Jueza Ana María De Feudis, donde se reconoce los derechos posesorios de estas familias sobre sus tierras, acuerdos que hasta el día de la fecha no se han cumplido por parte del Sr. Vidizzoni y la empresa Doble Z SRL.
Pero como siempre hemos dicho que no se confundan estos señores empresarios y jueces complacientes con el poder empresarial, porque las organizaciones campesinas vamos hacer valer nuestros derechos, y nos seguiremos movilizando, seguiremos deteniendo las topadoras, seguiremos marchando a cuanto juzgado sea necesario, seguiremos denunciando ante la opinión pública, el gobierno nacional, provincial, diputados y senadores, para impedir que algunos jueces en connivencia con empresas o empresarios y funcionarios políticos, se burlen de nuestros derechos y de las leyes, y que mediante engaños, denuncias fraudulentas y sin sustento quieran intimidar, amenazar o poner en jaque la libertad de expresión y la libertad como ciudadanos de cualquier campesino de nuestra organización u organizaciones hermanas.

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