28 de Mayo: Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres

La Delegación Salta de la SsAF estuvo presente en el Cabildo Abierto por la Salud Sexual y Reproductiva, organizado por el Programa “Juana Azurduy” de Fortalecimiento de Derechos y Participación de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

En esta oportunidad se debatió e intercambiaron conocimientos sobre la situación de la salud sexual y reproductiva de las mujeres en la provincia de Salta y se acordaron acciones para que se ponga en práctica el marco legal existente en la materia. La problemática de cáncer de cuello de útero, embarazos no deseados, consecuencias por realización de abortos, enfermedades de transmisión sexual, métodos anticonceptivos, fueron algunos de los temas abordados, de acuerdo a la realidad laboral o vivencial de las participantes. El denominador común de las expresiones fue que a pesar de existir un marco legal que garantiza los derechos de las mujeres en relación a su salud sexual y reproductiva, expresados en la leyes nacionales Nº 25.673 y 26.130, en la práctica se encuentran dificultades tales como la no existencia de consultorías en los hospitales y centros de salud para informarse sobre estos temas o bien la imposibilidad de conseguir preservativos en forma gratuita tanto como método anticonceptivo como para prevenir enfermedades de trasmisión sexual. La Ley 25.673 crea el programa nacional de salud sexual y procreación responsable que garantiza el derecho de acceder en forma gratuita a métodos anticonceptivos tales como el DIU, preservativo, anticonceptivos orales e inyectables y anticonceptivos hormonales de emergencia (pastilla del día después)y al asesoramiento médico adecuado para su uso. Por su parte la ley 26.130 establece la contracepción quirúrgica en forma gratuita, es decir que toda persona mayor de edad puede realizarse en los servicios del sistema de salud las prácticas denominadas “ligadura de trompas” o “ligadura de conductos deferentes o vasectomía”, sin necesidad de contar con el consentimiento del cónyuge o conviviente, o autorización judicial (salvo el caso de personas declaradas incapaces).