Paneles en el Encuentro Nacional por la Tierra

Quieren una ley que suspenda por cinco años el desalojo de pequeños productores

Entre las propuestas legislativas que se presentaron en el Encuentro Nacional por la Tierra que se realizó en la ciudad de Salta entre el 24 y 26 de abril pasados, se presentó una iniciativa surgida desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), por el cual se pide la suspensión de los desalojos de los agricultores familiares por unos cinco años, a la par de la creación de un Programa Nacional de Relevamiento de Tierras Rurales que determine el Estado de ocupación, uso y tenencia de la tierra de los pequeños productores.

La presentación del proyecto estuvo a cargo del asesor del MNCI, Ramiro Fresneda, en el panel “Iniciativas Legislativas”, que compartió con el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Daniel Fernández, y la subsecretaria de Planificación y Política Ambiental de la Nación, Alicia Révora.

El titular del INAI, por su parte, expuso sobre la actual situación de las comunidades originarias tras la aplicación de la Ley de Emergencia de Propiedades Comunitarias. Señaló que en el marco de la aplicación de la normativa se relevaron 305 comunidades, se demarcaron 3.270403,15 hectáreas, y hay siete provincias que finalizaron el relevamiento, mientras que las de Formosa y Neuquén aún no lo iniciaron. Agregó que hay alrededor de 4.500.000 de hectáreas en las que ya se otorgó el título comunitario.

Rescató que en el marco de la modificación del Código Civil se incorpore la Propiedad Comunitaria Indígena, al momento de informar que se elaboró una iniciativa que será elevada al Congreso Nacional por la cual se enmarca las características de la propiedad indígena. Entre los puntos destacados mencionó que esta será: inembargable, insusceptible de gravámenes, inajenable, intransmisible, e imprescriptible. Se hará un aprovechamiento sustentable de la tierra de acuerdo a la cosmovisión de cada pueblo. No deberá ser objeto de arrendamientos a terceros ni cedida en comodatos u otra forma de disponer de la posesión y propiedad de los mismos.

Révora refirió a la ejecución de la Ley de Bosques Nativos sostuvo que desde la entidad se analiza la posibilidad de conformar proyectos entre varias comunidades de pequeños productores/as cercanas a fin de tener un impacto mayor en el territorio que apunte a la sustentabilidad del bosque sin poner en riesgo el arraigo de la comunidad.

“Militar por la ley y su cumplimiento”

La asesora de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión Registral del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación para el Registro Nacional de Tierras Rurales, Florencia Gómez, y el abogado especialista en derecho agrario, docente de la Universidad Nacional del Nordeste, Aldo Casella, hicieron un relato histórico de las condiciones de los agricultores familiares desde los inicios del país, con un repaso de las leyes que fueron acompañando estos procesos. Ambos hicieron hincapié en la “pampeanización” de las zonas rurales argentinas. Gómez hizo énfasis en los límites que establece la Ley de Tierras a la extranjerización, acentuando el convencimiento de que el cumplimiento de la normativa se de a la par de “una tarea conjunta con las comunidades para llevar adelante esta política pública de la Presidenta”, Cristina Fernández de Kirchner, en tanto para el relevamiento que debe realizarse es necesario el aporte de las comunidades que viven en la zona rural y tengan conocimiento de la posesión de extensiones en manos extranjeras. “Hay que militar por la Ley, pero también militar por su cumplimiento”, aseveró la funcionaria.

Alternativas en las provincias

Funcionarios de las provincias de Santiago del Estero, Mendoza, Chaco y Salta presentaron las alternativas con las cuales trabajan en las provincias. El director provincial de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar de Mendoza, Leonardo Miranda, y el subsecretario de Tierra y Hábitat de Salta, Diego Barreto, resaltaron la promulgación de leyes que suspenden los desalojos de pequeños productores. Fue el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Santiago Godoy, quien durante el acto de clausura destacó a Salta como la primera provincia con una Ley para suspender los desalojos de criollos. Se comprometió a tomar las conclusiones elaboradas por los pequeños productores para aportar en una Ley por la cual se busca generar condiciones para la Agricultura Familiar, y agregó que se trabajará en una iniciativa para habilitar la aplicación de agroquímicos que apunte a proteger a las poblaciones que pueden verse afectadas por las fumigaciones.

El director de Desarrollo Rural de Mendoza por su parte apuntó a la necesidad de “institucionalizar la lucha por la tierra”, destacando que en Mendoza fue la estrategia de “sentarse y acordar” la que sumó a las soluciones de las problemáticas en el sector de la Agricultura Familiar. Señaló que en su provincia rige la Ley 6086 por la cual se suspende los desalojos de puesteros y se dispone una restricción al dominio de tierras en manos de extranjeros.

El representante del Instituto de Colonización de Chaco, Raúl John Paris, informó sobre la creación de una Fiscalía de Asuntos Rurales en su provincia. Mientras, la referente del Comité de Emergencia de Relaciones Institucionales de Santiago del Estero, Claudia Ríos, y el presidente del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), Guido Corvalán, apuntaron al trabajo conjunto que realizan en la provincia cuando se trata de los conflictos en tierras de pequeños productores. No obstante, Corvalán fue firme al pedir que “los compromisos y discursos” se conviertan “en hechos”.