Transcribimos parte de prensa de la Coordinadora Zonal de Tierra de la Ruta Nacional Nº 81, recibido hoy 21/11/2014
Represión y abuso policial a familias campesinas del chaco salteño
Transcribimos parte de prensa de la Coordinadora Zonal de Tierra de la Ruta Nacional Nº 81, recibido hoy 21/11/2014
Las organizaciones campesinas que conformamos la Coordinadora Zonal
de Tierra de la Ruta
Nacional 81 (Asociación Civil del Bermejo, Defendiendo lo
Nuestro, Asociación de Pequeños Productores del Chaco Salteño, Unión y
Progreso, Herencia Chaqueña, Alma Gaucha, Campesinos Unidos, Comisión Zonal de
Los Blancos) DENUNCIAMOS el abuso de autoridad y el accionar parcial e
intimidatorio de la Jueza
de Tartagal Ana María De Feudis apoyada en la policía de Salta. Esta jueza siempre
actúa en sus fallos y acciones en beneficio de los empresarios como es en este
caso de la empresa DOBLE Z S.R.L
y su socio gerente el Sr. Javier
Alberto Vidizzoni, descartando siempre cualquier denuncia o presentación
que realizan las familias campesinas para defender sus derechos.
En el día de ayer un grupo de policías conformados
por agentes de Morillo, Dragones y Embarcación, invocando una orden judicial de
la jueza que ordenaba el levantamiento de un alambrado en la tierra que posee la Familia Orquera del paraje El
Chañar, irrumpieron en la tierra que posee la Familia de la Sra.Victoria Cruz,
una anciana de 70 años que no ha firmado ningún acuerdo con la empresa ni
autorizó el paso por sus tierras; En la orden de la Jueza en ningún momento se
refería a pasar por la tierra de la Familia
Cruz; La policía custodiando las topadoras del empresario
Vidizzoni, entró en la posesión de la Sra.
Victoria Cruz para realizar un rodeo y llegar hasta las
tierra de la Familia Orquera
y así cumplir con el derribo del alambrado para un deslinde que necesita la empresa.
Ante esta maniobra, el grupo de familias que estaba
acompañando a la Familia Orquera
procedió a trasladarse al predio de la Sra. Cruz y evitar que las máquinas destruyeran
corrales, cercos de ramas, potreros propiedad de la Familia Cruz, en su
intento de pasar hacia el lugar donde tenían que derribar el alambrado de
Orquera. Ante esta situación, el grupo de campesinos detuvo las máquinas y sin
mediar un diálogo, se desató la represión policial, provocando lesiones y
heridas en hombres y mujeres que trataban de impedir que se llevara a cabo un
acto ilegal porque en ningún momento fue presentado por las autoridades alguna
notificación u orden que los autorizara a pasar por la tierra que posee la Familia Cruz.
El ensañamiento de la policía contra nuestros
hermanos campesinos, no fue sólo repartir palos y culatazos a toda persona que
se les pusiera enfrente si no también tratar de denigrarlos al esposarlos como
si fuesen delincuentes comunes.
Este hecho de acción coordinada entre jueces, policías
y empresarios es algo corriente en nuestra zona. Recordemos cuando en 2011 un
Oficial de justicia en una causa con la misma Jueza Ana María de Feudis, entró
ilegalmente en el predio de la familia de Alfredo Riera con un grupo de encapuchados
que prendieron fuego y destruyeron las instalaciones. Esto fue denunciado en la
superintendencia de la corte con las debidas pruebas de imágenes y testimonios
y eso nunca prosperó rechazándose siquiera investigar el accionar de ese
oficial de justicia.
Nos llama mucho la atención que ante
nuestras denuncias sobre abusos, deforestación, entrada ilegal de máquinas en
posesiones campesinas y robo de madera, las autoridades policiales no se
movilizan para constatarlas, argumentando falta de medios de movilidad y
combustible, mientras que en estos casos no les faltan los recursos para llegar
a lejanos parajes incluso con apoyo de policías de localidades de hasta 150 km de distancia para
apoyar los desalojos prohibidos por las ley 7658 y reprimir a los campesinos
que intentan detener estos atropellos.
Debemos dejar muy en claro que la documentación de
titularidad que supuestamente esgrime ante la justicia el empresario Javier
Alberto Vidizzoni no consta en ningún registro de la propiedad inmueble de
Salta. Por lo tanto, las organizaciones campesinas seguiremos desconociendo
cualquier titular de las tierras de la Colonia
La Juanita y La Santafesina hasta que no se presente
documentación probatoria. Recién allí, podremos iniciar diálogos para el
reconocimiento de los derechos adquiridos por los cientos de familias
poseedoras de las tierras de estos predios. Tampoco vamos a dialogar con
titulares que se acerquen por medio de la prepotencia, amenazas, violencia y la
ilegalidad. Nuestros antecedentes de acuerdos entre casi 40 familias que
alcanzaron la propiedad de más de 19.000 hectáreas nos
respaldan para demostrar el ánimo de diálogo.
Para finalizar, UNA VEZ MÁS, solicitamos la
intervención en este conflicto de tierras de legisladores y funcionarios del
gobierno de Salta, de lo contrario los hacemos directamente responsables de una
ruptura violenta de la paz social en el Chaco Salteño.
Coronel Juan Solá – Morillo, 21 de
noviembre de 2014
CONTACTOS:
LUCÍA RUÍZ: 03878 15610839 (DELEGADA ZONAL DE FORO DE AGRICULTURA FAMILIAR – FOPAF)
ALFREDO RIERA: 03878 15446949 (PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL CHACO SALTEÑO)
ARIEL MOLINA: 03878 15559080 (ORGANIZACIÓN CAMPESINA “LOS DEL BERMEJO”)
Situación crítica en la ruta 86, Tartagal, por desalojo de comunidades indígenas
Transcribimos a continuación el parte de prensa recibido por parte de representantes de las comunidades indígenas desalojadas la semana pasada en el municipio de Tartagal:


Parte de Prensa
Los
abajo firmantes mujeres, caciques, dirigentes y miembros de comunidades
originarias, expresan su repudio al desalojo sufrido por tres comunidades:
Quebracho, Quebrada de Tartagal, y
Sarmiento, dictado por el juez Fernando Mariscal.
En
esta acción se ha golpeado y agredido a mujeres, niños y ancianos, llevándose
la policía todas las pertenencias de la comunidad, las casas precarias, ropa, utensillos
de cocina y hasta documentos, tarjetas y animales domésticos.
Además
en la comunidad Quebracho había una anciana con una enfermedad terminal y en
pésimo estado de salud. Sin tener en cuenta esta situación la policía saco su
casa delante de la señora, que no pasó uno de los peores momentos, pidiendo que
no desalojen a su gente.
De
esta manera toda la gente fue desalojada y quedó solo en el lugar la anciana en
su cama, bajo un árbol en un predio tomado por 70 policías. Así estuvo con el
calor del viernes y la fuerte tormenta de esa noche…. A la intemperie.
La
policía solo permitió que tres señoras estén con la anciana impidiendo al resto
de los familiares acercarse.
El
sábado a la madrugada volvió la policía y se llevó los colchones de las señoras
que la acompañaban y una ambulancia que venía con ellos se llevó a la anciana
en contra de su voluntad y la de su familia, que por cultura tienen cerca a los
ancianos en situaciones terminales.
Por
todos estos hechos de violencia, atropello, discriminación y despojo que
sufrimos una vez más los pueblos originarios, hemos iniciado una medida de
lucha, cortando la ruta 86, más de 18 comunidades.
En
este sentido queremos expresar a la población, que únicamente levantaremos la
medida, cuando tengamos la seguridad por intermedio de decisiones del gobierno
provincial y nacional de que se
regularizarán en forma inmediata la situación de tierras de las 18 comunidades
involucradas, en esta lucha, además de la restitución inmediata de las tierras
de las tres comunidades desalojadas. Por otra parte se pide la solución urgente
para todas las comunidades que hoy continúan sin tener provisión de agua potable
Además queremos aclarar que
todas las comunidades expresamos nuestro repudio a la siembra de soja y el uso
de agroquímicos que enferman nuestras comunidades, como así también a los
desmontes que nos quitan nuestros Recursos Naturales.
Links de interés:
http://www.cuartopodersalta.com.ar/fuera-de-sus-tierras/
Links de interés:
http://www.cuartopodersalta.com.ar/fuera-de-sus-tierras/
Intimación a dirigente campesina
Un empresario que representa a la firma DOBLE Z S.R.L. envió a la dirigente campesina del Foro Provincial de Agricultura Familiar, Sra. Lucía Ruiz, y a la radio campesina FM Encuentro, una intimación vía carta documento sobre las declaraciones difundidas en la radio acerca de las dudas que se tiene sobre la supuesta propiedad registral a nombre de dicha empresa de las tierras de los parajes La Juanita y La Santafesina de la zona de Cnel. Juan Solá (Morillo) en el departamento Rivadavia.
A continuación figuran los links de noticias de Nuevo Diario de Salta al respecto y el comunicado de las organizaciones campesinas locales nucleadas en la Coordinadora Zonal de Tierra de la Ruta 81:
http://www.nuevodiariodesalta.com.ar/noticias/13000/jueza-ordeno-que-pasen-topadoras-en-morillo.html
Transcribimos a continuación la carta enviada por la Asociación de Pequeños Productores del Chaco Salteño el día 11/11/14:
REPUDIAMOS LOS INTENTOS DE INTIMIDACION DE DIRIGENTE CAMPESINA Y
DE CENSURA A UNA RADIO COMUNITARIA
Las
8 organizaciones campesinas que conformamos la Coordinadora Zonal de Tierra de la
Ruta Nacional 81 (Asociación Civil del Bermejo, Defendiendo lo Nuestro,
Asociación de Pequeños Productores del Chaco Salteño, Unión y Progreso,
Herencia Chaqueña, Alma Gaucha, Campesinos Unidos, Comisión Zonal de Los
Blancos) queremos expresar nuestro total rechazo y repudio al accionar del
empresario Sr. Javier Alberto Vidizzoni socio gerente de la empresa DOBLE Z S.R.L.
que continua con su prepotencia y sus amenazas a la que nos tiene acostumbrado
a las familias campesinas de la zona durante los últimos años.
Este
señor mediante el uso de cartas documentos que ha enviado en forma de
intimación a la compañera Lucía Ruiz, dirigente de nuestra organización y
delegada zonal en el Foro Provincial de Agricultura Familiar FOPAF, como así
también ha enviado otra carta documento a la sede de nuestra radio campesina FM
Encuentro para que tanto nuestra compañera como los responsables de la radio
comunitaria se rectifiquen de las notas publicadas por el periódico Nuevo
Diario de Salta Capital, en donde salieron dos publicaciones en la edición
impresa los días 15 y 17 de Octubre pasado, que hacían referencia a la
situación de conflicto social por el tema tierra y los intentos de desmontes
que estaban viviendo familias campesinas de los parajes La Juanita y La
Santafesina al norte de la localidad de Coronel Juan Sola (Morillo) con la
empresa DOBLE Z S.R.L. que representa el Sr. Vidizzoni, noticia que fue
levantada por un programa de nuestra radio.
Estos actos de
intimidación, prepotencia y la falta de respeto por nuestros derechos, se han
hecho moneda corriente por parte de los empresarios, y en especial de la
empresa Doble Z SRL y del Señor Javier Alberto Vidizzoni, ya lo ha
demostrado en años anteriores, que no le importa nuestros derechos y las leyes
vigentes, como pasó en diciembre de 2010 cuando este empresario denunció
penalmente y luego el juez de
Instrucción Formal de 1ª Nominación de Tartagal ordenó la captura de dirigentes
campesinos de la zona de Morillo, esta persecución legal también le tocó sufrirla
nuestra compañera Lucía Ruiz que fue uno de los dirigentes que se le pidió la
captura. Cuál fue el delito que cometió nuestra compañera Lucía
Ruiz en ese año, es tratar de hacer cumplir la ley vigente y por eso frenaron
junto a un grupo de familias del lugar las topadoras de la empresa Doble Z SRL que querían realizar
desmontes en la zona (paraje La Juanita y la Santafesina) sin tener ningún tipo
de documentación ni permiso de medio ambiente, y estando vigente la cautelar de
la Corte Suprema de la Nación que prohibían los desmontes en nuestro
departamento.
Cuál es el supuesto
delito que cometió hoy nuestra compañera Lucía Ruiz por lo cual es víctima de
un apriete legal mediante una carta documento que envía el Sr. Javier Alberto Vidizzoni y la empresa
Doble Z SRL. Este supuesto delito es
decir la verdad y expresar lo que muchas familias campesinas pensamos que hay
más dudas que certezas sobre las tierras que el Sr. Vidizzoni y la empresa
Doble Z dicen ser los titulares
registrales ya que no hemos vistos documentación legal ninguna de inmueble de
la provincia que corrobore sus pretensiones.
Esta
situación de amenazas e intimidación se ve agravada si recordamos los acuerdos
de tierra firmados hace un par de años por parte de algunas familias campesinas
de la zona con la empresa Doble Z
SRL y el Sr.
Vidizzoni y homologados por la Jueza Ana María De Feudis, donde se reconoce los
derechos posesorios de estas familias sobre sus tierras, acuerdos que hasta el
día de la fecha no se han cumplido por parte del Sr. Vidizzoni y la empresa Doble Z SRL.
Pero como siempre hemos dicho que no se confundan
estos señores empresarios y jueces complacientes con el poder empresarial,
porque las organizaciones campesinas vamos hacer valer nuestros derechos, y nos
seguiremos movilizando, seguiremos deteniendo las topadoras, seguiremos
marchando a cuanto juzgado sea necesario, seguiremos denunciando ante la
opinión pública, el gobierno nacional, provincial, diputados y senadores, para
impedir que algunos jueces en connivencia con empresas o empresarios y
funcionarios políticos, se burlen de nuestros derechos y de las leyes, y que
mediante engaños, denuncias fraudulentas y sin sustento quieran intimidar,
amenazar o poner en jaque la libertad de expresión y la libertad como
ciudadanos de cualquier campesino de nuestra organización u organizaciones
hermanas.
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